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viernes, 28 de octubre de 2011

Toledo, 28 oct (EFE).- El Grupo Popular en las Cortes de Castilla-La Mancha ha reprobado la "lamentable actitud" que a su juicio mostró ayer el PSOE durante la celebración del Pleno de la Cámara regional, pues intentaron "reventar" la sesión al "pretender retrasar el debate de las enmiendas".
      La diputada regional del PP Rocío López ha criticado, en rueda de prensa, que al PSOE "solo le preocupaba el artículo 94.2 del reglamento", ya que hasta siete diputados socialistas pidieron sin éxito la palabra en cumplimiento de este artículo.
      "Tuvieron una actitud lamentable durante todo el Pleno" en el que se rechazaron dos enmiendas a la totalidad presentadas por el PSOE que pretendían evitar la supresión del Defensor del Pueblo y del Consejo Económico y Social (CES).
      Tras rechazar estas enmiendas del PSOE, las Cortes de Castilla-La Mancha debatirán y previsiblemente aprobarán el próximo jueves 3 de noviembre las leyes por las que se suprimirán el Consejo Económico y Social (CES) y el Defensor del Pueblo de la región.
      López ha explicado que el PP pidió ayer al PSOE que "hiciera un ejercicio de responsabilidad, retiraran las enmiendas y se sumaran al proyecto de racionalidad" que ha sostenido que supone la eliminación de estos dos organismos.
      En concreto, ha afirmado que la eliminación del CES está justificada porque "solamente estaba duplicado y además era prácticamente inservible", pues ha asegurado que el anterior gobierno regional "prácticamente no hizo uso de él" y, además, suponía "un gasto excesivo" que, con la actual crisis, "no se puede permitir".
      "Con un solo dictamen del CES podrían vivir muchas familiar de la región o pagar a 700 dependientes", ha asegurado López tras cifrar en 282.000 euros el coste de cada uno de estos informes.
      En cuanto al Defensor del Pueblo, ha indicado que cuesta 3 millones de euros al año y resuelve 1.170 casos al año para lo que cuenta con 28 trabajadores, mientras que este organismo a nivel nacional dispone de 200 trabajadores para sacar adelante un total de 34.000 casos anuales.
      Con estos datos, ha felicitado al Gobierno regional por "todo lo que va a ahorrar" con estas medidas y con la aplicación del Plan de Garantía de los Servicios Sociales Básicos, ya que ha aseverado que "el dinero público es de todos y hay que gestionarlo bien".

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