PP-A propone que Castilla-La Mancha, Extremadura y Murcia participen en la comisión de seguimiento sobre el Guadalquivir

EuropaPress

El Partido Popular ha registrado cinco enmiendas a la proposición de Ley Orgánica del PSOE a tramitar ante la Mesa del Congreso de los Diputados sobre la delegación de competencias sobre las aguas del Guadalquivir que discurren íntegramente por Andalucía, en las que propone, entre otras cuestiones, que las comunidades autónomas de Castilla La Mancha, Murcia y Extremadura --también afectadas por la cuenca-- tengan "participación" en la comisión de seguimiento junto a representantes de la Administración General del Estado y de la Junta de Andalucía.

   La iniciativa del Grupo Socialista prevé la constitución de una "comisión de seguimiento de la delegación de funciones y servicios" sobre el Guadalquivir integrada "por un número igual de representantes de la Administración General del Estado y la Comunidad Autónoma de Andalucía, presidida la Administración General del Estado, que se reunirá cuantas veces sea necesario, a petición de las dos administraciones, para deliberar y acordar la coordinación de actuaciones y arbitrar fórmulas de coordinación, suministro de información y asesoramiento técnico para el mejor cumplimiento de las funciones y servicios que son objeto de delegación".

   La enmienda formulada por el PP-A, a la que ha tenido acceso Europa Press, propone que dicha comisión de seguimiento cuente además "con la participación de las comunidades autónomas de Castilla La Mancha, Murcia y Extremadura", con el objetivo de que puedan tomar parte los otros territorios "afectados en la gestión del Guadalquivir".

   Los populares también piden la supresión de un artículo que plantea que la delegación de competencias sobre el Guadalquivir se realice "sin perjuicio de la capacidad de la comunidad autónoma de Andalucía para establecer tributos propios que incidan sobre las aguas de la cuenca que discurren por su territorio, la ejecución de obra pública y los servicios que preste la administración autonómica a los ciudadanos, cuyos hechos imponibles no estén gravados por el Estado". Según el PP-A, la eliminación de dicho artículo tiene como objetivo "no incrementar la carga tributaria y mantener la igualdad entre las comunidades afectadas".

"EVITAR UNA ADMINISTRACION PARALELA"

   El Grupo Popular tampoco comparte una disposición de la proposición de Ley del PSOE-A que abre la puerta a que las actividades contenidas en la delegación de competencias "se lleven a cabo por la Administración de la Junta de Andalucía, a través de su propia organización administrativa, usando sus medios propios o mediante la contratación a terceros, de acuerdo con los procedimientos legalmente establecidos". El PP-A propone una redacción alternativa que fije que dichas actividades "se llevarán a cabo por la Administración de la Junta de Andalucía", de forma que se garantice "evitar la duplicidad en la gestión o una administración paralela".

   La proposición de ley orgánica, que ya ha iniciado su trámite en el Parlamento andaluz y será remitida al Congreso de los Diputados una vez que el Pleno la tome en consideración, plantea la habilitación de instrumentos de coordinación entre las administraciones central y autonómica para evitar la fragmentación o compartimentación de la gestión, mientras se atribuye al Estado velar por el respeto de las competencias de las comunidades autónomas que, aunque de forma minoritaria, tienen terrenos incluidos en la cuenca hidrográfica.

   Entre las competencias que se propone delegar a la comunidad, destacan las relativas a concesiones de recursos hídricos; administración y gestión del registro de aguas y del censo de vertidos autorizados; policía de aguas y cauces; autorizaciones de vertidos y de uso del dominio público hidráulico; procedimientos sancionadores; sistemas automáticos de información hidrológica; deslindes de cauces, y cesiones de derecho al uso privativo de las aguas (en coordinación con la Administración central).

   La proposición no incluye la delegación de las competencias que inciden sobre el régimen jurídico de las aguas, cuyo ejercicio se reserva íntegramente al Estado junto con las correspondientes fórmulas de control adicional constitucionalmente permitidas. De igual modo, se excluyen atribuciones relativas a normativas básicas de protección del medio ambiente, las obras públicas hidráulicas de interés general y la planificación hidrológica de la demarcación.