EFE.- La consejera de Fomento, Marta García de la Calzada, ha lamentado hoy que las 1.000 viviendas de protección oficial (VPO) propiedad de la Junta y otras 2.500 Viviendas de Iniciativa Público-Privada (VIPP) que están vacías "no responden a la demanda social ni favorecen a los más desfavorecidos".
En una entrevista a la Radio Castilla-La Mancha, García ha asegurado que, toda vez que esas VIPP no se han vendido en el mercado libre, la Junta tiene que comprar ahora entre un 70 y un 100 por cien de la promoción de estas viviendas, lo que costará a las arcas públicas 60 millones de euros, según ha informado la Junta en un comunicado.
En cambio, García ha asegurado que el Gobierno de Castilla-La Mancha tiene una "especial atención" con las familias que atraviesan dificultades económicas por la crisis, por lo que va a facilitar el acceso preferente a una vivienda a quienes ya han perdido la suya.
Para ello, la consejera ha recordado que el Gobierno autonómico ha declarado a estas personas colectivo de atención preferente, para el acceso a un cupo de viviendas reservado exclusivamente a este sector.
Además, la consejera de Fomento ha afirmado que también va a rebajar los precios de las VPO entre un 20 y un 25 por ciento, dependiendo de las localidades y las características de la vivienda y se hará especial hincapié en las zonas de Castilla-La Mancha que se están viendo más afectadas por los desahucios.
Marta García ha manifestado el interés del Gobierno regional en fomentar el alquiler de las viviendas protegidas "para que sea más fácil que los ciudadanos que ahora tienen importantes dificultades para acceder al crédito bancario puedan alquilar en vez de comprar".
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