La Junta no desahuciará a ninguna familia necesitada

La consejera de Fomento de Castilla-La Mancha, Marta García de la Calzada, ha desvelado que el Gobierno regional está elaborando una normativa para discriminar aquellas familias que no pueden pagar los alquileres sociales porque "no pueden" de los que "no quieren", pues las deudas ascienden a 17 millones de euros.

García de la Calzada, durante su visita a unas obras de la autovía A-40 de Toledo, ha rechazado que el Ejecutivo de Castilla-La Mancha haya ejecutado ningún desahucio de viviendas sociales en alquiler a familias que "no pueden" pagar las cuotas como consecuencia de la crisis económica.No obstante, ha señalado que la Consejería ha detectado casos de inquilinos que no pagan porque "no quieren" o porque "no tienen la vivienda ocupada", pero tampoco han devuelto las llaves.El Gobierno de Castilla-La Mancha, ha detallado, cuenta con 11.000 viviendas, la mayor parte de las cuales están en alquiler social, pero se ha "heredado una deuda por impagos de más de 17 millones de euros", ha añadido.

Discriminación objetiva

Ante esta situación, se está preparando una norma que estará lista en las próximas semanas para "discriminar objetivamente" unas situaciones de las otras y aportar "seguridad jurídica".La consejera ha explicado que, mientras que se redacte este texto, la Consejería ha decidido evitar utilizar en las cartas de aviso por impagos la palabra "desahucio" -aunque no ha elaborado ninguna circular para dictar esta norma- para evitar la "confusión y el incremento de la angustia" de aquellas personas que "especialmente lo están pasando mal".La consejera ha insistido en que no se ha ejecutado ningún desahucio a familias realmente afectadas por la crisis económica que no pueden pagar las cuotas del alquiler social, sino que se les está ofreciendo la posibilidad de buscar una alternativa y la ayuda de trabajadores sociales.La consejera ha recalcado el apoyo del Gobierno regional a estas familias y ha recordado que el nuevo decreto de vivienda incluye a las familias desahuciadas como colectivo preferente y que se han aprobado nuevas ayudas a alquileres para que "sea más fácil que los ciudadanos accedan a la vivienda