(EFE).- La última reforma laboral puesta en marcha por el Gobierno disparó un 45,89 % el número de asuntos que entraron en la sala de lo social de la Audiencia Nacional el año pasado, que registró la cifra histórica de 391 casos frente a los 268 contabilizados en 2011, entre ellos el de Caja Castilla-La Mancha.
Según la memoria anual de actividades de este tribunal correspondiente a 2012, fue llamativa además la entrada de asuntos incluso en el mes de agosto, cuando se presentaron 28, algo que no había sucedido en el mismo periodo de años anteriores, en los que nunca se habían registrado más de cinco.
También resalta el escrito que la mayoría de esos asuntos, 251, entraron en el segundo semestre del año.
La memoria apunta al "incremento significativo de la carga de trabajo" de esta sala con motivo de la "grave" crisis económica, a la que se une la "exigencia especialmente laboriosa" de aplicar todas las reformas laborales de los últimos años, la última de las cuales entró en vigor en febrero de 2012.
Ello ha obligado a los magistrados aplicar e interpretar nuevas regulaciones que "no se distinguen precisamente por su claridad y precisión".
De esta forma, la memoria explica que la sala de lo social concluyó 2012 con 92 asuntos pendientes, lo que supone un "incremento importante" con respecto a los 64 y 27 registrados en 2010 y 2011, respectivamente.
El ritmo creciente de asuntos entrantes también se deja ver en el número de los que consiguió terminar, 326 casos, frente a los 289 de 2010 y los 265 de 2011.
"La competencia de la sala se sitúa en el centro de gravedad del derecho colectivo del trabajo, de manera que el resultado eficiente de su trabajo permitirá resolver colectivamente litigios estratégicos de las relaciones laborales", señala el documento.
Así, los magistrados de lo social, que entienden de casos de expedientes de despidos colectivos o casos sometidos al arbitraje, entre otros, contribuyen "a ordenar colectivamente el mercado de trabajo, que es uno de los requisitos constitutivos para la modernización de nuestro sistema productivo".
Por otra parte, la memoria recuerda que los seis juzgados centrales de instrucción investigaron el pasado año a siete entidades bancarias, en causas en las que se encuentran imputados más de medio centenar de directivos y altos cargos financieros por presuntas irregularidades en su gestión.
En 2012, la Audiencia Nacional abrió investigaciones a Bankia, Banco de Valencia, Novacaixagalicia y Caixa Penedès, que se unen a las que ya se estaban instruyendo sobre CAM, Caja Castilla La-Mancha o Eurobank del Mediterráneo.
Nombres como el del expresidente de Bankia, Rodrigo Rato, y su ex vicepresidente, José Luis Olivas; el de CAM, Modesto Crespo, y sus ex directores generales María Dolores Amorós y Roberto López Abad; el de Novacaixagalicia, Julio Fernández Gayoso o el de CCM, Juan Pedro Hernández Moltó, figuran en la lista de decenas de imputados que declararon el año pasado en la Audiencia Nacional.
Con la admisión de la querella contra los antiguos gestores de Caja Navarra, todos los juzgados de instrucción se encuentran investigando algún procedimiento contra entidades financieras, que el texto destaca por su complejidad y el volumen de perjudicados.
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