Los representantes de una quincena de asociaciones empresariales que conforman la mesa del intrusismo, integradas en la Confederación de Empresarios de Albacete (Feda), hicieron ayer un llamamiento a las administraciones para que «combatan la economía sumergida».
Los portavoces de asociaciones de sectores como la peluquería y estética; las estaciones de servicio, los diseñadores profesionales, empresas de limpieza o seguridad, las autoescuelas o los centros de enseñanza privada, lanzaron una llamada de auxilio a las administraciones pero también a la sociedad en general y al consumidor «cuya concienciación también es necesaria para acabar con la economía sumergida, con el fraude fiscal, el intrusismo y la competencia desleal».
Así lo explicaba Carlos Yagüe, presidente de la Asociación de Academias de Enseñanza Privada, en representación de la mesa de intrusismo. Y respaldaban su petición con datos que, según ellos, daban buena muestra de la situación que exponen.
Cifran en más de doscientos millones de euros al año la cantidad que se defrauda en la provincia de Albacete, aunque reconocían que es difícil cuantificar este hecho. E indicaban que ello supone que se dejen de crear 10.000 puestos de trabajo directos.
De este modo, valoraron que «combatir la economía sumergida reduciría el paro en la provincia de Albacete en un 20% y ello sin contar los puestos de trabajo indirectos que se crearían».
Educación y bienestar social
Pero iban más allá y destacaban que, con los impuestos que generarían esos puestos de trabajo, «se pueden mantener 11.000 puestos escolares no universitarios y 30.000 plazas en residencias de mayores».
También hacían referencia a que la cantidad que estiman que se defrauda en nuestra provincia «equivale a casi todo el presupuesto que el Ayuntamiento de Albacete destina a bienestar social, participación y políticas de igualdad o a urbanismo y obras públicas».
Detallaron que hasta ahora han tratado de combatir la competencia desleal cada asociación de forma individual, acudiendo a las instituciones y presentando denuncias ante organismos como la inspección de Trabajo, pero que siempre han encontrado «la misma barrera» y es que «como son ilegales, son difícilmente localizables».
Por ello, destacaron que ahora abordan el problema de forma colectiva y que quieren dejar de hablar de intrusismo o competencia desleal «para hablar de lo que realmente es: economía sumergida, fraude a todos los ciudadanos».
Consideraron que para tener éxito deben recabar el apoyo «de todas las instituciones y de la sociedad». Requirieron «el apoyo activo de la Administración» con acciones como la de impedir que en las dependencias públicas o el mobiliario urbano se expongan carteles ofreciendo la realización de trabajos de forma ilegal.
Señalaron que también necesitan «el apoyo activo de las asociaciones de consumidores» porque «no conseguiremos nada si los ciudadanos no son conscientes del perjuicio que se está produciendo a toda la sociedad».
En este sentido, Yagüe valoró que tienen que concienciar a los ciudadanos del hecho de que «legalidad es igual a garantía y defensa».
Aseguró que buscarán también el apoyo de los sindicatos y adelantó que la siguiente meta que se han marcado es convocar una mesa redonda «donde participen todas las administraciones, los representantes sociales y las asociaciones de consumidores, para analizar la situación y acordar una serie de medidas coordinadas que permitan concienciar a los ciudadanos y reducir esta lacra».
Destacó que «si tenemos éxito, Albacete será pionera y no dudamos que esta iniciativa se extenderá al resto de la comunidad autónoma e incluso del país».
Más control administrativo
Los integrantes de la mesa del intrusismo incidieron ayer en un mensaje: la necesidad de combatir la economía sumergida «y no tomar como opción castigar con más impuestos a los empresarios que declaramos nuestros ingresos».
Así lo pedía Juan Cebrián, que representaba al comercio textil. Advirtió, para ejemplarizar la situación de su sector, que desde el inicio de la crisis se han cerrado un 30% de los negocios del comercio textil en la provincia y que estiman que una gran parte de ese material se vende ahora a través de otras vías como «en domicilios particulares».
Un dato similar aportaban sobre el sector de la peluquería y estética, donde cifraban también en alrededor de un 30% el cierre de centros de belleza en Albacete por la crisis pero apuntaban que, sin embargo, «un dato muy significativo es que las marcas comerciales de productos siguen vendiendo prácticamente lo mismo». Esto evidencia, a juicio de la mesa de intrusismo, «que hay personas que han cerrado sus centros de belleza pero siguen trabajando en domicilios particulares» y pedían medidas para luchar contra la competencia desleal como el hecho de que para comprar productos en las casas comerciales se exigiera estar dado de alta en la Seguridad Social.
Reconocieron que la solución no es fácil pero insistieron en que sí «necesaria» porque al final repercute en menos ingresos para las arcas del Estado que puedan repercutir después en servicios para los ciudadanos.
Por ello, insistieron en que es necesaria la implicación de toda la sociedad para acabar con el problema.
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