(EUROPA PRESS) -
La convocatoria de huelga general se notará este jueves en el trabajo diario de los tribunales pero no paralizará los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, los juicios en los que estén señaladas causas con preso o aquellas actuaciones en las que venza el plazo preestablecido por la Ley o que puedan suponer una pérdida o perjuicio de derechos.
Según han informado a Europa Press fuentes del Ministerio de Justicia, se consideran también esenciales todas aquellas actuaciones en las que se resuelvan medidas cautelares que afectan a los derechos de los imputados. Este punto ha sido secundado por las organizaciones convocantes del paro general.
En términos generales, Justicia no ha logrado alcanzar un acuerdo con los sindicatos sobre los servicios mínimos en la Administración de Justicia. El Ministerio fijaba su propuesta en un 20 por ciento, inferior al 33 por ciento cifrado en la huelga de septiembre de 2010.
El comité de huelga del Ministerio consideraba adecuado que el personal que trabaje durante la jornada fuera "el mismo" al que presta sus servicios durante un festivo. Para las plataformas sindicales, la cifra de Justicia es "excesiva" y vulnera el derecho de huelga de los trabajadores.
El departamento dirigido por Alberto Ruiz-Gallardón sí ha pactado los servicios mínimos de los servicios centrales del Ministerio de Justicia, incluyendo al Centro de Estudios Jurídicos y a la Mutualidad General Judicial. En concreto, se reduce en un 58 por ciento respecto a la huelga de 2010.
Las directrices de Justicia se refieren al personal que trabaja en el denominado 'territorio Ministerio', es decir en aquellas comunidades sin las competencias transferidas, esto es Castilla y León, Castilla-La Mancha, Baleares, Extremadura y Murcia, según ha informado el Ministerio.
APOYO DEL SINDICATO DE SECRETARIOS JUDICIALES
El Cuerpo de Secretarios Judiciales sí depende del Ministerio en todas las autonomías, tengan o no las competencias transferidas. El Sindicato de Secretarios Judiciales (SISEJ) secunda la protesta al considerar que la reforma laboral se centra en "la supresión de derechos sociales" del conjunto de la ciudadanía y supone "un retroceso sin precedentes" en los derechos de los trabajadores.
El Colegio Nacional de Secretarios Judiciales, mayoritario en número de afiliados, ha indicado a Europa Press que no se ha adherido a la convocatoria y precisa que es decisión de cada asociado sumarse o no a la convocatoria.
La Unión Progresista de Fiscales (UPF) sí ha mostrado su "plena solidaridad" y apoyo a las reivindicaciones de los trabajadores y ha animado a sus afiliados a participar en la misma. A su entender, el Gobierno ha adoptado medidas "gravemente antilaborales" que suprimen "de plano" los logros obtenidos durante décadas en la negociación colectiva.
SUPREMO ADELANTA UN SEÑALAMIENTO POR LA HUELGA
Los jueces y magistrados llevaron a cabo la primera huelga de su historia durante el mandato del exministro Mariano Fernández Bermejo en 2009 para pedir mejoras estructurales en la Administración de Justicia. Sin embargo, el Consejo General del Pode Judicial (CGPJ) acordó entonces por unanimidad un acuerdo que sostenía que la cita no tenía "cobertura legal".
El órgano de gobierno de los jueces rechazó así el derecho a la huelga de los togados al entender que no existe "base normativa para el ejercicio del mismo".
Eso sí, la huelga ha tenido consecuencias en las instancias judiciales como pone de manifiesto el adelanto efectuado por el Tribunal Supremo en la citación del alcalde de Sant Boi (Barcelona), Jaime Bosch, un testigo clave en la operación 'Campeón'.
El aplazamiento en los señalamientos de los juicios que puedan darse durante la jornada de huelga afectará a los abogados, la mayoría de ellos empresarios que trabajan por cuenta propia, ha explicado a Europa Press el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE).
La asociación de Jueces para la Democracia sí ha mostrado su apoyo a la huelga general convocada por CC.OO. y UGT en contra de la reforma laboral aprobada por el Gobierno del Partido Popular el pasado 10 de febrero.
La organización considera que la reforma del mercado laboral constituye "uno de los mayores ataques" al derecho del trabajo y a las instituciones laborales y que materializa una reforma "ofensiva, regresiva, reaccionaria y profundamente injusta".
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