(EUROPA PRESS) -
Los 17 presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia (TSJ) de España, reunidos en Albacete desde este martes, han firmado una declaración institucional en la que consideran prioritario fortalecer el Poder Judicial y defender su independencia, y han proclamado la necesidad de un Consejo General del Poder Judicial que sea el "órgano constitucional encargado de velar por la independencia de jueces y tribunales".
En una rueda de prensa en la capital albaceteña, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, Vicente Rouco, acompañado de otros 11 presidentes, ha expuesto éstas y otras conclusiones de la reunión mantenida esta semana con sus homólogos, entre las que muestran su "desacuerdo más absoluto con las iniciativas que tiendan a debilitarlo".
Además, los altos tribunales ven necesaria una "coordinación" entre el CGPJ, el Ministerio de Justicia y las comunidades autónomas con competencias jurídicas transferidas, y piden solución a las "carencias estructurales, organizativas, tecnológicas y presupuestarias que presenta la Administración de Justicia", situación que se ha visto agravada por una "completa paralización de las inversiones" en este ámbito.
NUEVA ORGANIZACIÓN JUDICIAL
En su declaración, los jueces exigen además que los órganos de gobierno del Poder Judicial tengan autonomía de gasto que les permita, dentro de los límites presupuestarios, adoptar medidas de refuerzo en los órganos judiciales, así como una nueva Ley de Planta y Demarcación "que permita una redistribución más racional de los órganos judiciales", para lo que es "imprescindible" un pacto de Estado.
Como paso previo a la nueva Planta y Demarcación Judicial, ha de abordarse, en opinión de los Presidentes de los TSJ, la especialización de los órganos judiciales, y la nueva organización debe articularse sobre tribunales de instancia, garantizando los principios de independencia judicial e inamovilidad.
Los Presidentes de los TSJ insisten en que el funcionamiento de las oficinas judiciales no puede quedar al margen de los órganos de gobierno del Poder Judicial, y han asegurado que es necesario que las Salas de Gobierno "tengan posibilidad de una acción gubernativa cuando surjan disfunciones en la Oficina Judicial que puedan incidir en el funcionamiento de juzgados y tribunales".
MODERNIZACIÓN
En la resolución aprobada por los jueces, se reclama la "urgente necesidad de la modernización tecnológica de la justicia, que pasa por la incorporación del expediente digital y una plataforma común de comunicación telemática en todos los órganos judiciales de España", y se pide inversión en mantenimiento en el sistema informático.
Por otro lado, consideran que debe adecuarse la planta judicial a la carga de trabajo real, teniendo en cuenta que la Judicatura en su gran mayoría está haciendo frente a dicha carga con un importante esfuerzo personal, esfuerzo que "no viene acompañado de los medios necesarios para ejercer de una forma normalizada su labor jurisdiccional".
Además, los presidentes estiman "muy necesario" el impulso de reformas legislativas "que lleven a la modernización de la justicia y de las leyes procesales, concretamente la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal", par lo que proponen la potenciación de las conformidades en el orden jurisdiccional penal, o la práctica de las mediaciones en procesos penales por infracciones menos graves.
Los Presidentes de los TSJ estiman muy necesario el impulso de reformas legislativas que lleven a la modernización de la justicia y de las leyes procesales, concretamente la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Para ello proponen, entre otras medidas urgentes, la potenciación de las conformidades en el orden jurisdiccional penal, o la práctica de las mediaciones en procesos penales por infracciones menos graves. También se propone que exista una sola instancia de revisión judicial en materias de escasa entidad o gravedad.
Sobre la entrevista mantenida el pasado miércoles con el presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, Gonzalo Moliner, los jueces han comunicado que le transmitieron su posición sobre las "diversas iniciativas legislativas" que han generado una "situación grave", al tiempo que manifestaron su lealtad institucional.
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