Aprobada la ley que permite activar el Plan de Garantías de la Junta

EUROPA PRESS) -

   El pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha ha aprobado este martes, con los votos a favor del PP y en contra del PSOE, la Ley de Medidas Complementarias que permite la aplicación del Plan de Garantías de los Servicios Sociales impulsado por María Dolores de Cospedal.

   Entre otras medidas, la ley fija un aumento de dos horas y media en la jornada de los funcionarios de la Administración regional, la reducción de su salario bruto --y el de los altos cargos-- en un 3 por ciento, la anulación de la Oferta de Empleo Público este año y la supresión del Servicio Público de Empleo (SEPECAM).

    El consejero de Presidencia y Administraciones Públicas, Leandro Esteban, ha subrayado que es la economía la que ha llevado a esta situación y a tomar medidas para "salvar de la ruina a una región" y poder poner encima de la mesa soluciones.

   En este sentido, ha hecho un llamamiento "sincero" a la oposición para que tenga "coherencia", pues es "absolutamente necesario" aplicar unas medidas que los castellano-manchegos "en su inmensa mayoría asumen y entienden".

   Esteban, que ha repasado cada una de las intervenciones socialistas en el debate, ha valorado la confianza que el PSOE tiene en los empleados públicos, que se evidencia, a su juicio, en la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha que anula el acuerdo del Consejo de Gobierno de diciembre de 2010, que ordenó la remisión a las Cortes del Proyecto de Ley de Empleo Público.

   Durante la sesión se han debatido las 55 enmiendas del PSOE que quedaron 'vivas' tras su paso por la Comisión --todas ellas rechazadas este martes-- aunque previamente el portavoz del Grupo Parlamentario Popular Francisco Cañizares, como defensor del dictamen, ha presentado la norma como "la única solución de arreglar" las cuentas de la Comunidad Autónoma, que ha obligado al Gobierno de María Dolores de Cospedal a "tomar decisiones serias, responsables" pero nada fáciles, ha confesado.

   A su juicio, la "falta de alternativa y carencia de ideas" del PSOE, que no ha tomado más decisiones que las de "gastar en nada", ha hecho que esta ley sea "la única solución para Castilla-La Mancha". "No es fácil tomar decisiones como éstas", ha explicado el diputado del PP, que ha valorado enmiendas incorporadas al dictamen por parte del PP como el hecho de que todos los empleados públicos cobren, como mínimo, 1.192 euros al mes.

GRATUIDADES A QUIEN LAS NECESITE

   En sus distintas intervenciones, y tras solicitar a los socialistas que no aprovechasen el debate para "preparar el Congreso del fin de semana", Cañizares ha comparado la obra del futuro hospital de Toledo con el pabellón 'Palma Arena', ha defendido un cambio en la educación pública teniendo en cuenta los "malos" resultados que ha habido, y ha apostado por destinar las "gratuidades" a quien realmente las necesite.

   El portavoz del PP, que ha reconocido que es "muy complicado" que los sindicatos cuenten a sus afiliados las medidas recogidas en esta norma, también ha preguntado si el bienestar social que defiende la oposición es haber dejado millones de euros en deudas en esa materia, recomendándoles que "pasen página" porque es eso lo que Castilla-La Mancha "se merece".

   Ha apuntado que el Consejo Consultivo ha defendido la legalidad del texto que hoy se ha debatido --algo que "no siempre" ha pasado aquí, donde los socialistas han llegado a "mentir vilmente" al Parlamento, ha dicho--, convencido de que las enmiendas del PSOE "no aportan nada" al texto, y de que los funcionarios de la región comprenden los "esfuerzos" que hay ahora que hacer tras 25 años de "gobierno despilfarrador".

   Desde el PSOE, su portavoz, José Luis Martínez Guijarro, encargado de defender algunas de las enmiendas de su grupo, ha apostado por la jornada laboral de 35 horas y ha pedido a la Junta que predique con el ejemplo "creando empleo desde el sector público" y no solo desde el privado.

TEXTO "SIN BONDADES"

   Asimismo, ha criticado como algo "absolutamente injusto" que se haya hecho "caso omiso" a las cuestiones "esenciales" planteadas por el Consejo Consultivo, y ha acusado al Ejecutivo regional de estar "aprovechando la crisis para implantar su modelo" --como van a hacer en materia de educación o sanidad-- que no es otro que el de "desmontar el Estado de Bienestar", como ha añadido el diputado Santiago Moreno.

   En el mismo sentido se ha manifestado el portavoz en materia sanitaria del PSOE, Fernando Mora, que ha advertido de que este texto "lo único que genera son problemas y deterioro", y ha recriminado al portavoz del PP que no haya dicho cuáles son las bondades de esta ley, "porque no son ninguna".

   Mora ha criticado que la puesta en marcha de la ley afectará al poder adquisitivo de las clases medias, lo que convertirá la situación económica actual en un "círculo endiablado", y aunque ha reconocido que es necesario hacer recortes "no se trata de dar el tajo al primero que pasa por aquí" sino de "optimizar" los recursos existentes.

"MARTES NEGRO"

   El diputado socialista Santiago Moreno ha arremetido contra la eliminación de la obligatoriedad de destinar el 6 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) a educación y con el hecho de que se supriman las escuelas de los núcleos más pequeños de la región, lamentando que desde el PP no se haya contestado a las distintas intervenciones del PSOE y que con el texto se eliminen cosas "que no van a ahorrar nada".

   Los socialistas, que han ofrecido al PP la retirada del texto a cambio de consensuar en un "esfuerzo conjunto" dónde se podrían aplicar recortes en la futura Ley de Presupuestos de la región, han definido el de hoy como un "martes negro" para la región, según ha explicitado la diputada Matilde Valentín, que ha pedido respeto para las personas afectadas en el ámbito social -y específicamente para los dependientes-- por parte del Ejecutivo autonómico.

   Valentín ha criticado que, con el nombre de esta norma, el Gobierno esté consiguiendo totalmente lo contrario que anuncia esta "dañina" ley "de recortes". En este contexto, Martínez Guijarro ha recriminado al Gobierno que no haya consensuado "con nadie" el texto y ha pedido que se ofrezcan "garantías" a los ayuntamientos porque "nunca hasta ahora" se habían puesto en huelga de hambre dos alcaldes en esta región