La Plataforma Sindical y de Asociaciones de Empleados Públicos ha anunciado este miércoles que recurrirán por "doble vía" la supresión de su paga extra de Navidad, primero ante la Audiencia Nacional de manera "colectiva" representando al personal laboral "por conflicto colectivo" y, después, por la vía de lo contencioso administrativo significando al personal administrativo.
EL PRESIDENTE NACIONAL DE CSIF, MIGUEL BORRA.
En rueda de prensa tras celebrar una reunión entre las 33 organizaciones que integran esta plataforma, el secretario de acción sindical de CSI-F, Eliseo Moreno, ha indicado que "cuando se agote la vía colectiva" comenzarán los recursos individuales presentando un recurso por cada sector de afectados. En todo caso, estos recursos se presentarán en el mes de enero de 2013, ya que tienen que esperar a que no se produzca el pago de la paga extra.
Moreno ha subrayado que esta retribución es un "derecho" que forma parte "del cómputo global del salario" (el 7%) y que, además, está reconocido en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de este año. "No es nada que nos regalen", ha espetado.
En este sentido, la representante de FSP-UGT, María del Carmen Barrera, ha recalcado que el Gobierno "se vulnera a sí mismo" al suprimir la paga extra, ya que está recogida en los PGE que el Ejecutivo ya aprobó.
"Tenemos un derecho que no es una limosna, no es una concesión. Lo tenemos reconocido y está vigente. Apelamos a la recuperación de ese derecho y al abono íntegro de la paga extra, más allá no aceptamos nada", ha zanjado.
Además, Moreno ha apuntado que en los próximos días presentarán un escrito a todos los grupos parlamentarios para que retiren dos enmiendas que "vulneran" los derechos de los empleados públicos. La primera sería la de retribuir a los funcionarios por su "puesto asignado" y no por la labor que "pudieran estar desempeñando" y la segunda la de "retirar la consideración de baja laboral desde el primer día".
Por último, el secretario de acción sindical de CSI-F, ha indicado que la plataforma dirigirá un escrito al Defensor del Pueblo para que presente "un recurso de inconstitucionalidad" contra la Ley de Tasas Judiciales porque "vulnera el artículo 24 de la Constitución".
Asimismo, las organizaciones han trasladado su apoyo a las movilizaciones realizadas en la Comunidad de Madrid contra el plan de privatización de la Sanidad y han advertido de que deben servir de aviso al resto de las comunidades autónomas, en el caso de que quieran seguir los pasos del gobierno madrileño.
Moreno ha subrayado que esta retribución es un "derecho" que forma parte "del cómputo global del salario" (el 7%) y que, además, está reconocido en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de este año. "No es nada que nos regalen", ha espetado.
En este sentido, la representante de FSP-UGT, María del Carmen Barrera, ha recalcado que el Gobierno "se vulnera a sí mismo" al suprimir la paga extra, ya que está recogida en los PGE que el Ejecutivo ya aprobó.
"Tenemos un derecho que no es una limosna, no es una concesión. Lo tenemos reconocido y está vigente. Apelamos a la recuperación de ese derecho y al abono íntegro de la paga extra, más allá no aceptamos nada", ha zanjado.
Además, Moreno ha apuntado que en los próximos días presentarán un escrito a todos los grupos parlamentarios para que retiren dos enmiendas que "vulneran" los derechos de los empleados públicos. La primera sería la de retribuir a los funcionarios por su "puesto asignado" y no por la labor que "pudieran estar desempeñando" y la segunda la de "retirar la consideración de baja laboral desde el primer día".
Por último, el secretario de acción sindical de CSI-F, ha indicado que la plataforma dirigirá un escrito al Defensor del Pueblo para que presente "un recurso de inconstitucionalidad" contra la Ley de Tasas Judiciales porque "vulnera el artículo 24 de la Constitución".
Asimismo, las organizaciones han trasladado su apoyo a las movilizaciones realizadas en la Comunidad de Madrid contra el plan de privatización de la Sanidad y han advertido de que deben servir de aviso al resto de las comunidades autónomas, en el caso de que quieran seguir los pasos del gobierno madrileño.
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