Las comunidades autónomas podrán suprimir o privatizar en parte o en su totalidad la gestión de las televisiones autonómicas a partir de este viernes, con la entrada en vigor de la reforma de la Ley General de Comunicación Audiovisual publicada hoy en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
La reforma, que modifica la aprobada por el anterior Ejecutivo en 2010, fue enviada a las Cortes por el Consejo de Ministros a finales de abril y ha sido tramitada por el trámite de urgencia. Durante la misma, los grupos de la oposición se han quejado de que la reforma supone una invasión en las competencias autonómicas, mientras que el PP ha negado este extremo y ha defendido la necesidad de la medida para reducir la deuda de las autonomías.
La nueva ley permitirá a los gobiernos autonómicos decidir qué hacen con sus televisiones autonómicas: si quieren mantener o no este servicio y si quieren prestarlo directamente o encargar la gestión a una empresa privada. En caso de quedarse con la gestión, no podrán tener déficit porque "no se permitirán desequilibrios en los presupuestos".
Hasta el momento, la Comunidad Valenciana, Madrid y Castilla-La Mancha ya han avanzado su intención de aprovechar la reforma del régimen de gestión de las televisiones autonómicas aprobada por el Gobierno para privatizar la gestión o los servicios informativos de sus televisiones públicas, mientras que otras comunidades ya tienen 'de facto' algunos de los servicios de sus cadenas subcontratados a empresas privadas.
ENMIENDA SOBRE LA PORNOGRAFÍA
Durante su paso por el Senado, todos los grupos llegaron a un acuerdo para incorporar al texto de la reforma una enmienda, a propuesta del PSOE, para reincorporar al texto de la ley una mención expresa a la prohibición de emitir en abierto pornografía y violencia gratuita que se había retirado en el Congreso.
La enmienda vuelve a cambiar el artículo 7.2 de la Ley Audiovisual, que ya modificó el Congreso, y establece que "está prohibida la emisión de contenidos audiovisuales que puedan perjudicar seriamente el desarrollo físico, mental o moral de los menores, y en particular, la de aquellos programas que incluyan escenas de pornografía, maltrato, violencia de género o violencia gratuita".
La prohibición expresa a la pornografía y la violencia gratuita se quitó del texto, en virtud de una enmienda del PP, acordada con el resto de grupos salvo ERC, para reforzar el control parental de los contenidos televisivos. En este sentido, aunque se eliminó la referencia expresa se mantuvo una prohibición genérica de emitir "contenidos audiovisuales que puedan perjudicar seriamente el desarrollo físico, mental o moral de los menores".
No obstante, tanto la Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de los Medios de España (iCmedia) como la Asociación de Usuarios de la Comunicación (AUC) entendieron que la modificación podía implicar sanciones para España por parte de las autoridades europeas y permitir que se interpretara que la pornografía y la violencia gratuita estaba permitida en la televisión.
PÉRDIDAS DE 536 MILLONES DE EUROS
Las televisiones públicas cerraron el 2010 con unas pérdidas de 536 millones de euros, un 3 por ciento menos que en 2009, que supusieron un coste neto --con la compensación de los ingresos publicitarios-- para cada hogar español de 152 euros, un 5,6 por ciento más que el año anterior , según el V Informe Económico sobre la Televisión Pública en España elaborado por Deloitte para la Unión de Televisiones Comerciales Asociadas (UTECA).
Por su parte, el secretario general de la Federación de Organismos de Radio y Televisión Autonómicos (FORTA), Enrique Laucirica, ha afirmado que las televisiones autonómicas suponen, de promedio, exclusivamente el 0,5 por ciento de los presupuestos de las comunidades autónomas.
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