Los traductores, pendientes de la norma sobre interpretación a los imputados

(EFE).- Los traductores están muy pendientes de la trasposición en España de la directiva europea que regula que todo imputado que no conozca el idioma del país tiene derecho a un intérprete cualificado, ya que la nueva norma establecerá "un mínimo de control" sobre quién puede prestar este servicio a los imputados. Así lo ha explicado hoy a Efe Margaret Clark, vocal de comunicación de la junta directiva de la Asociación Española de Traductores, Correctores e Intérpretes (Asetrad), un colectivo que nació en Toledo en 2003 y que ha regresado a esta ciudad el fin de semana para celebrar su Congreso de décimo aniversario y la asamblea general anual. Ahora en España se presta el servicio de traducción a los imputados "pero de aquella manera", ha asegurado Clark, quien ha explicado que "no necesariamente las personas que prestan el servicio son profesionales". En los últimos años algunas administraciones han externalizado el servicio de traducción y esto ha motivado una bajada en los honorarios de los traductores, unos precios "que no son aceptables" y que se pueden situar en los 8 y 9 euros por cada hora de trabajo. Por este motivo, Asetrad considera "importantísima" la nueva legislación que tiene adoptar España para adecuarse a la directiva europea de 2010, que indicaba que en octubre de 2013 todos los países miembros debían tener normativas por la cual toda persona imputada que no conozca el idioma del país tiene derecho a un intérprete cualificado. Margaret Clark ha reconocido que España va "un poco retrasada" en la trasposición de la directiva europea, aunque "está en ello". Al mismo, toda la profesión está pendiente de la normativa española y este ha sido uno de los aspectos que se ha abordado en el Congreso de Toledo con la participación de la magistrada de lo Penal de Madrid Pilar de Luna y Jiménez de Parga. Clark ha explicado la importancia de mejorar el servicio de interpretación a los imputados "porque lo que se está jugando son los derechos cívicos de las personas". "Cuando una persona no se entera de lo que se le acusa, en comisaria y en acto judicial, la persona está indefensa. Y si quiere expresarse en su idioma, pero lo que dice no llega al tribunal correctamente también está indefensa", ha explicado. Asetrad, que nació en julio de 2003 en la Escuela de Traductores de Toledo y cuya sede está en Madrid, cuenta en la actualidad con 1.145 socios en todas las comunidades autónomas y en numerosos países europeos e hispanoamericanos, además de Estados Unidos y Canadá