Detenidas 10 personas en una finca agrícola por utilizar tarjetas de identidad de otras personas en La Herrera

(EUROPA PRESS) Agentes de la Comisaría Provincial de Albacete, en el transcurso de una operación conjunta con la Inspección Provincial de Trabajo de control de la situación de trabajadores que realizaz actividades de recolección agrícola, han detenido a once ciudadanos rumanos, uno de ellos al tener interesada su detención y personación por un Juzgado de Albacete, mientras que los diez restantes lo eran por un delito de falsedad documental y usurpación de estado civil, tras utilizar tarjetas de identidad de otras personas que si tenían su situación legalizada. La actuación realizada se inició el pasado día tres de los corrientes al detectarse el traslado varias decenas de trabajadores, aparentemente extranjeros, desde varios puntos de Albacete, hasta una explotación agrícola sita en el término municipal de La Herrera (Albacete), lugar en el que esos trabajadores realizaban labores de recogida y corte de la cebolla, ha informado la Delegación del Gobierno en nota de prensa. En la finca donde se desarrolló la actuación policial fueron identificados un grupo de treinta y cinco ciudadanos rumanos, de los que diez de ellos, lo hicieron mediante una fotocopia de una tarjeta de identidad rumana que incorporaba su fotografía, la misma que figura en su carta de identidad, en fotocopias de tarjetas de identidad correspondientes a otros compatriotas que sí figuraban inscritos en el registro de ciudadanos de la Unión. Así, estos documentos de estos compatriotas estarían autorizados a trabajar. Además, estas personas aportaban la tarjeta de identidad, falsificada, certificados de registro de ciudadano de la Unión y documento alta laboral en el sistema de la Seguridad Social correspondientes a las personas cuya identidad habían suplantado. Resultado de la actividad ilícita detectada, ha sido la tramitación del oportuno atestado policial dando cuenta a la autoridad judicial, junto al inicio de los correspondientes procedimientos administrativos para determinar la posible responsabilidad administrativa en que hubieran podido incurrir los implicados, que podrían enfrentarse a importantes sanciones económicas.