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jueves, 21 de febrero de 2013

Nuevas ayudas al alquiler


El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado la orden por la que la Junta reserva 80 viviendas que son de su propiedad a personas desahuciadas y ha dado el visto bueno a la convocatoria de las ayudas sociales al alquiler, que serán de un máximo de 200 euros mensuales.

La consejera de Fomento, MartaGarcía de la Calzada, ha dado cuenta en rueda de prensa de la aprobación de ambas órdenes en la reunión del Consejo de Gobierno, donde se ha culminado la tramitación del decreto para el impulso de las vivienda protegidas y de las público-privadas.De la Calzada ha explicado que para desarrollar este decreto lo más rápidamente posible, se han aprobado dos órdenes, una encaminada a crear un cupo de viviendas para atender a aquellas personas que acaban de ser desahuciadas y otra para facilitar a los ciudadanos la inscripción en el registro de demandantes de vivienda pública de Castilla-La Mancha.El cupo supone reservar el 10 por ciento de las viviendas de protección oficial de la Junta, unas 800, para ofrecerlas en alquiler a las personas que han sido desahuciadas por la falta de pago de las cuotas de sus hipotecas, una cifra que "será revisada" en función de la demanda.

Ayudas de hasta 200 euros para el alquiler

Por otro lado, el Consejo de Gobierno ha aprobado la convocatoria de ayudas al alquiler social, que asciende a 3 millones de euros y que establece ayudas de hasta 200 euros mensuales para alquileres que tendrán que ser de un máximo de 500 euros o de 600 en el caso de la familias numerosas."Hay que corregir los errores del pasado y uno de los pilares es el fomento del alquiler de viviendas para dinamizar el sector", ha señalado De La Calzada.La consejera ha informado de que, en este momento, en la región existen 2.500 viviendas de protección oficial vacías que son propiedad de promotores privados, mientras que otras ochocientas son de propiedad de la Junta.Además, ha señalado que hay entre 8.000 y 9.000 personas inscritas en el registro de demandantes de vivienda protegida.El decreto para impulsar la vivienda protegida y la público privada, según ha explicado la consejera, ha sido aprobado por el Consejo de Gobierno tras superar los trámites de información pública y nace con el objetivo de fomentar el acceso a la vivienda y dar una respuesta a los desahuciados, a los que se califica como colectivo de atención preferente.

Liberalización "prácticamente total" de las viviendas público-privadas

Del mismo modo, el decreto contiene la "liberalización mucho más intensa, prácticamente total" de las viviendas público-privadas, las cuales tienen un precio superior del 32 por ciento respecto a las VPO y están previstas para personas con una renta superior más alta, lo que dificulta su venta.La consejera ha explicado que, en el caso de que los promotores no consigan venderlas, la Junta será la que tendrá que adquirirlas, ante lo que se procede a aumentar su liberalización para poder darles una salida.También, a través de este decreto, se agiliza el procedimiento para que sea "más fácil" el cambio de calificación de viviendas protegidas de venta en alquiler y se establecen los pasos para unificar los precios de las que están en venta.El decreto se completa con limitación de ayudas al alquiler que se solicitaron dentro del cuarto y quinto plan de vivienda regional y que han perdido vigencia porque, por ejemplo, no ha tenido concreción la compra de la vivienda.No obstante, la consejera ha señalado que esta medida no tiene efectos retroactivos sobre situaciones ya consolidadas, sino que tan sólo se actuará en aquellas que están pendientes.

28 millones en préstamos



Por otro lado, el Consejo de Gobierno también ha encargado al Instituto de Finanzas de Castilla-La Mancha la gestión del convenio de colaboración que firmó la Junta con ocho entidades financias y que permite poner a disposición de las empresas de la región un total de 28 millones de euros en préstamos en condiciones ventajosas.El consejero portavoz, Leandro Esteban, ha asegurado que esta encomienda de gestión permitirá "materializar la firma de los convenios" suscritos con el Banco Sabadell, Banco Popular, Caja Rural de Castilla-La Mancha, Globalcaja, Banco CCM, BBVA, Caixabank y Banco Santander.Según el convenio de colaboración, la Junta de Comunidades ofrece 1,7 millones de euros para bonificar el 5,5 % del diferencial de los préstamos, la comisión de tramitación de Aval (0,50 %) y la comisión de "riesgo vivo" avalado durante el primer año.

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