EL PAIS
A sus 35 años Manuel Medina recibía el premio de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Albacete por haber creado un servicio de gestión de residencias de ancianos y disminuidos psíquicos. Un año más tarde conseguía una subvención de la Junta de Castilla-La Mancha para gestionar 21 plazas concertadas para este tipo de enfermos, lo que reportaría a su compañía más de 600.000 euros durante los próximos seis años. Su empresa, Instituto Avanzado de Ciencias Gerontológicas (IACG), gestionaba directa o indirectamente más de 465 plazas y empleaba a unas 100 personas distribuidas en siete centros. Pero algo se torció. El pasado 26 de febrero ingresaba en la prisión de La Torrecica de Albacete, condenado a 32 meses de cárcel por intrusismo profesional y falsificación de documento público.
Medina nunca acabó la carrera, pero esto no le impidió ejercer de médico. Firmaba certificados de defunción de sus pacientes, prescribía medicamentos y aconsejaba a los profesionales de sus centros sobre las medidas a tomar. En 2009 presentó un acto junto a la delegada de Salud y Bienestar Social, Angelina Martínez. En 2005 incluso se permitió explicar, en una conferencia, el informe Sitges sobre la necesidad de respetar los valores "médico-legales".En octubre de 2007, la administradora de la Residencia Álamos de Santa Gema, en la que Medina trabajó de gerente entre 2005 y 2007, decidió hacer sus propias indagaciones. La administradora comprobó en el Colegio de Médicos de Albacete que el joven empresario firmaba con el número de colegiado de su padre, Manuel Medina Carrasco, pediatra en Socuéllamos (Ciudad Real). El colegio de médicos lo puso en conocimiento de la fiscalía en diciembre de 2007, pero al ver que el asunto se demoraba presentó un escrito ante un juzgado. Durante el juicio, Medina reconoció haber firmado hasta cinco partes de defunción con el nombre de su padre.¿Cómo consiguió un tipo que no era ni médico, con una causa judicial abierta desde 2008, un concierto por importe de 587.000 euros, renovado en 2009 y 2011, mas una subvención de casi 32.000 euros para uno de sus centros de formación? El PSOE, que gobernaba en la Junta cuando se concertaron las plazas, se defiende argumentando que el concierto se le concedió a la empresa de Medina, no a él.La sentencia dictada en febrero de 2012 por la juez de lo Penal número 3 de Albacete,María de los Ángeles Pardo Sánchez, le impuso a Medina una condena de 32 meses de prisión. A principios de febrero pasado, la Fiscalía Provincial abrió diligencias por su gestión en la residencia de ancianos Gerialba y en el CADP Altozano, ambos cerrados en esas mismas fechas.Los empleados de este último centro llevaban trabajando 16 meses sin cobrar. A los de la residencia Gerialba se les adeudan las últimas cinco nóminas. Los impagos y retrasos en los pagos, no obstante, han sido la tónica habitual durante los últimos tres años, según afirman varios trabajadores. Acumuló una deuda de más de dos millones de euros y no tenía ni un proveedor en todo Albacete que quisiera servir comida a sus centros debido a los continuos impagos. Pese a eso, Medina seguía insistiendo a sus trabajadores que aguantaran, que la situación se resolvería.
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