(EUROPA PRESS) -
El Congreso ha programado para el Pleno del próximo martes el debate de toma en consideración de la reforma del Estatuto de Castilla-La Mancha, que prevé la reducción del número de diputados que forman parte de las Cortes regionales y que ha sido auspiciada por la presidenta de esta comunidad y también secretaria general del PP, Maria Dolores de Cospedal. Será la segunda reforma estatutaria que discute la Cámara en esta legislatura.
Según han informado a Europa Press fuentes parlamentarias, una vez que el Congreso avale su tramitación, se abrirá un plazo inicial de quince días para que los grupos presenten enmiendas al proyecto de ley. Aunque éste pueda prorrogarse alguna semana más, la intención inicial es que todo el proceso (debate en ponencia y después en la Comisión Constitucional y en el Pleno) finalice en diciembre para remitir la reforma al Senado antes de que acabe el año.
La castellano-manchega es la segunda reforma estatutaria que se tramitará esta legislatura tras la que ha afectado al Estatuto murciano. Una vez que la Cámara Baja ya ha remitido al Senado la reforma puntual del Estatuto de la Región de Murcia que permitirá al Gobierno autonómico aprobar decretos-ley, será la próxima semana cuando el Congreso inicie la discusión de la ley castellano-manchega.
SÓLO CON EL APOYO DEL PP
Esta reforma fue aprobada por las Cortes de Castilla-La Mancha el pasado 23 de julio, con el voto del PP, y se registró días después en el Congreso, aunque la Mesa de la Cámara Baja no la calificó hasta el 3 de septiembre.
En concreto, prevé un Parlamento autonómico con una horquilla de 25 a 35 diputados, dejando la cifra concreta a un cambio posterior de la Ley Electoral autonómica. Será después, en las Cortes de Castilla-La Mancha y previsiblemente a mediados de 2014, donde se inicien los trámites para modificar la Ley Electoral de la región que se aplicará en los comicios de mayo de 2015.
Y EL VALENCIANO, A LA COLA
Además, el Congreso tiene pendiente tramitar, desde la anterior legislatura, una reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana para reclamar más financiación al Estado basándose en la denominada 'cláusula Camps', que blinda unas inversiones para este territorio en los Presupuestos del Estado de acuerdo con el peso de la población, al igual que los estatutos andaluz y catalán.
El debate de toma en consideración del texto valenciano se ha aplazado hasta en tres ocasiones en el Congreso a petición de las Cortes regionales por distintos motivos, lo que siempre ha conllevado la protesta de PSOE e IU, que avalan la reforma y se quejan de que el PP no la quiere debatir en el Congreso porque tendría que votar en contra.
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